La defensa jurídica es una cobertura que ofrecen la mayor parte de aseguradoras, aunque con condiciones dispares algunas ocasiones. Gracias a ella, los firmantes de la póliza se aseguran asistencia jurídico-legal a cargo de su compañía, tras un accidente de tráfico.
Si tienes coche y has buscado compañía de seguros recientemente, habrás comprobado que casi todas ellas ofrecen defensa jurídica en sus pólizas. Esta cobertura permite elegir libremente un abogado que defienda tus intereses y formule la oportuna reclamación de daños y perjuicios en caso de accidente. No obstante, cada aseguradora posee condiciones particulares y específicas, que deben estudiarse con detenimiento antes de firmar el contrato. Una cuestión importante que deberías comprobar, a la hora de elegir póliza, son los límites que las empresas suelen establecer para esta cobertura. Además, algunas compañías dejan fuera las reclamaciones extrajudiciales y, por tanto, los posibles acuerdos con la aseguradora del vehículo causante del accidente.
Resumen del artículo
Utilidad de la cobertura de defensa jurídica
Tras un accidente de tráfico, es posible que el conductor culpable incurra en responsabilidades penales. Tengamos presente el riesgo de lesiones que, tras un siniestro, pueden sufrir los acompañantes del vehículo propio y quien conduce, además de peatones y ocupantes de terceros vehículos. En definitiva, no en pocas ocasiones debe intervenir la justicia, con el fin de depurar responsabilidades y determinar culpabilidades por el accidente.
Se hace precisa, por tanto, una asistencia jurídico-legal, para hacer frente a posibles acusaciones o para reclamar a la parte contraria. En estos casos, es preciso contar con servicios de abogado y procurador, abonar costas cuando proceda o depositar fianzas cuando así se exija. La esencia de la cobertura de defensa jurídica es colmar todas esas necesidades, asumiendo las compañías de seguros el riesgo por medio de la correspondiente póliza.
Qué incluye la cobertura de defensa jurídica
Esta cobertura es usual en las pólizas de todas las compañías, algunas la ofrecen como servicio básico y otras dan la posibilidad de contratarla aparte. Con carácter general, la defensa jurídica y reclamación de daños incluye asistencia legal o, en su caso, el reembolso del dinero que nos gastemos al reclamar en vía administrativa, judicial o arbitral, tanto si somos propietarios, ocupantes o conductores del vehículo en cuestión.
Además, la cobertura también cobija la reclamación a terceros por daños propios, cuando exista fundamento jurídico para efectuarla. El firmante de la póliza se asegura la asunción, por parte de la compañía, de los gastos originados por juicio en caso de accidente de tráfico. Ahora bien, deben cumplirse ciertos requisitos para la efectividad de este aseguramiento:
- El litigio debe tener su origen en un asunto de tráfico, en el que se halla implicado el vehículo asegurado.
- La parte contraria o el asegurado interponen una reclamación ante el juzgado. Dicha reclamación puede consistir en una simple compensación económica o, incluso, la solicitud de pena de cárcel.
Libre elección de abogado
Si te ves envuelto en una situación como la que estamos describiendo, debes saber que tiene derecho a elegir libremente el abogado y el procurador que vayan a defender tus intereses. Así lo establece el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. Este precepto señala que “el abogado y procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador”. Las aseguradoras suelen ofrecer dos opciones:
- Defensa mediante uno de sus abogados. En este caso no se aplican límites a los honorarios del mismo.
- Imponer límites económicos y de supuestos, cuando el asegurado se acoge a la libre elección de abogado y procurador. Estos topes rondan los 2.000 ó 3.000 euros, aunque algunas compañías los elevan mediante pagos de sobreprimas.
Debe saber que existen más límites a esta libertad de elección. En cualquier caso, un profesional del derecho, especializado en accidentes de tráfico y seguros, te prestará ayuda al respecto y defenderá con profesionalidad tus intereses. A las grandes compañías de seguros no les interesa demasiado que las víctimas de accidentes sean asistidas por abogados externos.
Es por ello que, en muchas ocasiones, no se informa adecuadamente a éstas de los derechos que les asisten. Además, las empresas aseguradoras firman pactos de no agresión, que permiten determinar las responsabilidades e indemnizaciones de forma automática. Por ello y si no deseas convertirte en víctima de tu propia aseguradora, te recomendamos que te pongas en contacto con un abogado independiente y de confianza, que luchará por tus intereses, sin poner trabas ni mirar sólo por los de la compañía.
Conceptos por los que reclamar
Si se plantea llevar a juicio a la otra parte, en caso de haber sufrido daños en un accidente de tráfico, debes leer detenidamente la letra pequeña de tu póliza de seguro. Has de tener en cuenta que algunas compañías sólo ofrecen la cobertura de defensa jurídica cuando su cliente es el demandado y no al contrario.
Otras, sin embargo, sí asumen los gastos de interposición de demandas por parte de sus clientes, aunque con ciertos límites y condiciones. Algunas aseguradoras sólo otorgan cobertura cuando existen daños materiales en el vehículo propio o lesiones físicas en el conductor. Otras, por el contrario, admiten las reclamaciones cuando se dan factores como los siguientes:
- Daños en equipajes.
- Daños en remolques.
- Daños en caravanas.
- Lesiones físicas en usuarios del vehículo.
- Lesiones físicas ocasionadas al asegurado como peatón.
Por último, debes tener presente que tu aseguradora puede negarte la cobertura en determinados casos. Por ejemplo, cuando no existen pruebas sobre su inocencia o si las existentes le involucran directamente. Los departamentos legales de las compañías, en estos casos, conceden la “libertad de acción”: te aconsejarán que no reclames, pero si lo haces y ganas deberán abonarte los gastos hasta el límite establecido en la póliza. Sin embargo, si pierdes serás tú la persona que deba hacer frente a todos los gastos.
En caso de tener un siniestro con otro asegurado de su misma compañía, sin lograr un acuerdo entre ustedes, surge un conflicto de intereses. La aseguradora te pagará los gastos de abogado y procurador hasta el límite establecido, pero no le brindará los servicios de sus abogados de plantilla. En definitiva, nadie desea verse envuelto en un accidente de circulación. Sin embargo, ni conductores, ni acompañantes, ni peatones estamos exentos de sufrir este tipo de percances.
Por ello, es aconsejable leer con detenimiento la letra pequeña de los seguros antes de firmar, preguntar por el alcance de la cobertura de defensa jurídica y ponerse en manos de un buen abogado si, por desgracia, hemos de acudir a la justicia tras un siniestro de tráfico. Es recomendable contratar defensa jurídica cuando se incluye la reclamación de daños. El precio total oscila entre 30 y 70 euros.
